Por Carlos Mario Dávila1
En un país como Colombia, donde el acceso a la justicia sigue siendo un laberinto de inequidades y barreras, a menudo nos concentramos en las grandes reformas estructurales, en los códigos y en los procedimientos. Pero, ¿qué hay de la pieza fundamental, del motor que impulsa la defensa de los derechos en el día a día? ¿Qué hay del abogado litigante?
Desde hace un tiempo vengo dándole vueltas a una idea que, a primera vista, podría sonar a utopía, a excentricidad, pero que, si la analizamos con detenimiento, podría ser una de las propuestas más revolucionarias y necesarias para transformar la justicia en nuestro país: la implementación de una renta básica para abogados litigantes.
La Precaria Realidad del Abogado de a Pie
Seamos sinceros, la imagen del abogado exitoso, con una oficina lujosa y una cartera de clientes envidiable, es la excepción, no la regla. La gran mayoría de los abogados litigantes en Colombia, especialmente los jóvenes y los que ejercen en las regiones, viven en una constante precariedad económica. Sus ingresos son inciertos, dependen de los vaivenes de procesos que pueden durar años y, en muchos casos, se ven obligados a rechazar casos de alto impacto social pero de baja rentabilidad económica. Un colega me contaba en estos días lo que les decía un reputado profesor, antiguo magistrado de la Corte Suprema y abogado casacionista: no se meta a litigar en penal, ¡eso es para gente con plata!
Esta vulnerabilidad no es solo un problema individual, es un problema estructural de nuestro sistema de justicia. Un abogado que lucha por su subsistencia es un abogado cuya independencia se ve comprometida. Es un abogado que, con el tiempo, puede verse tentado a tomar atajos, a privilegiar el caso “fácil y rápido” sobre el caso “justo y necesario”. ¿Cómo podemos exigir una defensa de la más alta calidad cuando el defensor vive en la incertidumbre de no saber si el próximo mes podrá pagar sus cuentas? De la misma manera, un cliente con un abogado necesitado, “arrancado”, con pocos recursos, pues es muy probable que pierda su caso. Esto ya lo dijo el sociólogo estadounidense Marc Galanter.
Más que un Subsidio, una Inversión en la Justicia
La renta básica para abogados litigantes no debe ser vista como un subsidio a la pereza, sino como una inversión estratégica en el fortalecimiento del Estado Social de Derecho colombiano. Al garantizar un ingreso mínimo, estable y universal para los abogados que acrediten un ejercicio activo en el litigio y que carezcan de recursos, estaríamos liberando su potencial para que puedan:
- Asumir casos de interés público: desde la defensa de líderes sociales y ambientales hasta la lucha contra la corrupción, muchos casos cruciales para nuestra democracia hoy no se litigan por falta de recursos. Para ello, se les deberá exigir presentar acciones públicas, colectivas, etc.
- Mejorar la calidad de la defensa: con la seguridad de un ingreso básico, los abogados podrían dedicar más tiempo a la investigación, al estudio y a la preparación de sus casos, elevando el nivel técnico y ético de la profesión. Asimismo se deberá endurecer el régimen sancionatorio para aquellos que malgasten estos preciados recursos que la sociedad les otorgará en pro de la justicia.
- Fomentar la innovación: la estabilidad económica puede ayudar también a mejorar la creatividad de los juristas. Los abogados podrían explorar nuevas áreas del derecho, desarrollar nuevas tesis jurídicas y proponer soluciones innovadoras a los problemas de la sociedad, en especial, con la interposición de las anteriores acciones enunciadas. Para nadie es un secreto que muchos abogados colombianos están “subformados”, esto es, formados por debajo de las calidades requeridas. Muchos trabajan con minutas y formatos desuetos, antiguos, los mismos de hace décadas. Solo copian, pegan y cambian.
Este asunto ya se puede ver en otros países. En Francia, por ejemplo, los abogados reciben una compensación por los procesos en los que actúan en defensa de las personas de menos recursos, sea en la rama del derecho. Un día, al salir del doctorado, acompañé a un colega francés que había conocido en la maestría, a la Barra de Abogados (órgano que se encarga de organizar la profesión de abogado, regular la relación cliente-abogado y sancionarlos en dado caso), a reclamar un cheque por un proceso civil que había tramitado en favor de unos clientes con escasos recursos. Pero este, sin duda, no es el único país que tiene ayudas o subvenciones para los abogados litigantes.
Un modelo de renta básica para abogados no es solo una medida de apoyo económico, sino un reconocimiento a su vital función social. Como guardianes del ordenamiento jurídico, su labor va más allá de la representación individual; son los reguladores sociales que, a través de la defensa y la interpretación de la ley, constituyen y mantienen la estructura de la convivencia. Al garantizar una estabilidad económica mínima, la sociedad les permite ejercer con total independencia, libres de presiones comerciales o conflictos de interés que podrían comprometer su ética profesional. Este trato preferente no es un privilegio, sino una inversión estratégica: una sociedad que protege a sus defensores del derecho se asegura de que la justicia sea accesible y robusta, funcionando de manera eficiente en beneficio social. La estabilidad de los abogados se traduce directamente en la estabilidad de las instituciones, la confianza ciudadana y, en última instancia, en la solidez del Estado.
Despejando Dudas: un Modelo Viable para Colombia
Anticipo las objeciones. “¿De dónde saldrá el dinero?”, se preguntarán algunos. “¿No se crearía una dependencia del Estado?”, dirán otros. Son preguntas válidas que merecen respuestas serias.
El financiamiento podría provenir de diversas fuentes: un porcentaje del presupuesto de la rama judicial, un impuesto a los grandes contratos de prestación de servicios jurídicos del Estado, o incluso un aporte de las grandes firmas de abogados, como parte de su responsabilidad social. Un arancel judicial serio y bien estructurado, que respete los principios de equidad, proporcionalidad y capacidad de pago. Las condenas en costas en las demandas contra el Estado que salgan desfavorables a los demandantes (para lo que habrá que reformar el art. 188 del CPACA, para que siempre haya condena en costas en todo proceso contencioso administrativo). O el monto de las multas y otras sanciones que consagran los códigos procesales. Asimismo, de los remanentes o dineros no cobrados por concepto de gastos procesales o de rubros cuya prescripción acaece a favor del Estado.
En cuanto a la dependencia, el modelo que propongo no es el de un abogado asalariado del Estado. La renta básica sería un piso mínimo, un punto de partida que no impediría que los abogados buscaran ingresos adicionales a través de sus honorarios. Se trata de garantizar la dignidad, no de coartar la libertad. Por ello, la propuesta puede iniciar con el pago de la seguridad social y un monto adicional por cada acción pública, defensa de oficio, curaduría, participación en general en un proceso en beneficio de la sociedad en general. No sería para todos los abogados litigantes, sino para aquellos de escasos ingresos. Después de ese cierto monto, no tendrían derecho a la renta básica.
Un Llamado a la audacia y a la concertación
Para cerrar, sé que esta propuesta causará controversia. Habrá quienes la tilden de ingenua e irrealizable. Pero las grandes transformaciones sociales siempre han comenzado con ideas que parecían imposibles.
Hago un llamado a la academia, a los colegios de abogados, a los jueces y magistrados, al Congreso de la República, a la comunidad en general a que abramos un debate serio, riguroso y sin prejuicios sobre la renta básica para abogados litigantes. No nos quedemos en la queja estéril sobre los males de la justicia. Atrevámonos a imaginar, a proponer, a construir una justicia más digna, más independiente y, en definitiva, más justa para los colombianos.
Quizás, después de todo, las utopías no son más que las verdades del mañana.
- Doctor en Derecho público. Mg en Derecho comparado, Mg. en Filosofía del Derecho y Derecho político. Esp. en Derecho administrativo. Dipl. en Contratación estatal. Dipl. en Docencia universitaria. Abogado. Profesor universitario de pregrado y posgrado. Abogado litigante en Derecho administrativo y Derecho civil. ↩︎
