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Al terminar el módulo el estudiante habrá aprendido el marco jurídico de los servicios públicos domiciliarios, así como su relación directa en el campo del derecho público, su incidencia y trascendencia en el campo jurídico, económico y social en Colombia, su concepción, funcionalidad, estructura y alcance dentro del funcionamiento administrativo del estado.
Los servicios públicos domiciliarios son sinónimo de calidad de vida (art. 366, Const.). A partir de la Constitución de 1991, el esquema de los SPD cambia sustancialmente en Colombia, se establece un nuevo esquema y se entra en la dimensión y concepción de mercado en estos servicios: la libre competencia. La Constitución en el artículo 365 y siguientes contempla la finalidad social del Estado y de los servicios públicos y estatuye el deber del Estado de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Además, señala que la ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios. A su vez, dicho articulado establece que el presidente de la República señalará con sujeción a la ley las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten. Con la expedición de la Ley 142 de 1994 se buscó fortalecer la descentralización y estimular la participación del sector privado en las inversiones y prestación de los servicios, racionalizando las responsabilidades sectoriales del orden nacional. Se busca incentivar y promover la inversión y participación del sector privado en la prestación de los servicios, racionalizar el régimen tarifario, garantizar la administración transparente de los subsidios, y ejercer vigilancia y control estatal para asegurar la buena gestión de las entidades que prestan los servicios. En lo que respecta a los municipios, las funciones fueron enfocadas a prestar a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo; a otorgar subsidios a los usuarios de menores ingresos; a estratificar los inmuebles para el establecimiento de las tarifas y los subsidios, apoyar a las entidades prestadoras de los servicios con inversiones y crear los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos (Ley 715). Igualmente, la ley previó y estimuló la participación ciudadana de los habitantes, usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante la conformación de comités de desarrollo y control social en cada municipio. Todo lo anterior, aunado a la debida prestación de los SPD, en términos de cobertura, calidad, eficiencia y continuidad, así como a la debida estratificación para el cobro de los SPD, las tarifas, las Comisiones de Regulación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la fijación de políticas en cada uno de estos servicios por parte de los Ministerios. Esto conlleva a la necesidad de concebir los servicios públicos domiciliarios como un tema relevante y trascendental en nuestro estado social y ambiental de derecho.
Taller nota 1
Examen final
Tradicionalmente en los pregrados de derecho se nos enseña la norma (+ jurisprudencia). Lo que se debe hacer, se nos da una serie de principios y normas que debemos seguir, PERO, casi nunca se nos dice cómo.
Este curso pretende hacer más énfasis en el cómo. Cómo lograr una buena administración que tenga efectos en la sociedad y cómo lograr una buena aplicación de eso que denominamos Derecho administrativo y, en general, derecho público.
Es más importante aprender el cómo, para llevar a cabo las cosas, que el qué. El problema de la enseñanza del derecho es que casi toda se centra en el qué.
Este curso NO habla solo de cómo administrar, sino también de las consecuencias sociales de las decisiones administrativas que se toman. Por ende, no se trata solo de saber el qué y el cómo de nuestras decisiones sino el por qué y el para qué. Es decir, su influencia en la sociedad.
Este curso de especialización en Responsabilidad civil del estado (en adelante RCE) en Colombia, se enfoca en la formación de especialistas en los componentes teóricos y prácticos de la responsabilidad también llamada patrimonial del estado y su reparación. Los estudiantes adquieren competencias argumentativas, interpretativas y críticas para el ejercicio adecuado en el derecho de daños en el sector público. Se enfatiza en los diferentes regímenes de reparación, como el daño ambiental, ocupación de bienes, vulneración de derechos humanos, defectuoso funcionamiento de la justicia, error judicial, entre otros. Este curso es fundamental para entender y aplicar las teorías y posturas jurisprudenciales sobre la responsabilidad patrimonial del estado en Colombia, así como para prevenir el daño antijurídico.
Este curso tiene como finalidad principal acercar al estudiante a las diferentes dinámicas que se presentan en la comunidad internacional, en este escenario se busca robustecer las nociones del derecho a partir de la modulación que se ha hecho en el marco del derecho internacional desde un ámbito teórico. Se abordan como ejes temáticos los siguientes: orígenes y recuento histórico del derecho internacional, concepto y ubicación actual del derecho internacional, sujetos de derecho internacional, fuentes del derecho internacional, jurisdicciones internacionales, entre otros. Con tal fin, se implementa el estudio de casos que permite al estudiante aplicar el conocimiento a situaciones fácticas reales. En este sentido a partir de las nociones impartidas se busca que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar con un enfoque crítico los diferentes escenarios que pongan en riesgo la paz y seguridad internacionales, evaluando las nuevas dinámicas de la globalización y las relaciones internacionales.
En iuscol encontrará formación humana de excelencia, con material educativo que lo ayudará a profundizar sus conocimientos jurídicos.
